La ley de delitos informáticos, aprobada por unanimidad en el Congreso el 12 de setiembre y promulgada este martes por el Gobierno, reúne ocho iniciativas legales de distintas bancadas y la última propuesta del Ejecutivo que ha sido recogida en gran parte.
Entre los nuevos delitos aprobados, que tienen en común el uso de la tecnología informática, se pueden citar los siguientes:
Se castiga con una pena de hasta cuatro años al que tenga acceso ilícito a todo o parte de un sistema informático.
También se sanciona a los que atenten contra la integridad de los datos informáticos, borrándolos o deteriorándolos, con hasta seis años de prisión.
Igualmente se sanciona a los que afectan la integridad de un sistema informático inutilizándolo o impidiendo su acceso con hasta seis años de cárcel.
Asimismo, se castiga hasta con cinco años de prisión a la persona que crea, ingresa o usa ilegalmente una base de datos para comercializar, traficar o vender esa información.
Además se sanciona a los que practican la interceptación de datos informáticos. Se regula un castigo mayor de hasta ocho años cuando se trate de información clasificada como secreta o confidencial. Esa pena sube hasta 10 años cuando se compromete la defensa o la seguridad nacional.
